La transformación estructural del campo, una prioridad

8 de junio 2021

Por: Tatiana Orozco García

Con la colaboración de: Daniel Enrique Cantor Amaya, Alexander Cuartas Acosta,  Laura Sánchez Galindo

El Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016 permitió reconocer al campo como principal protagonista del conflicto. Y es que el 30% de la población colombiana reside en el campo y depende de actividades relacionadas con el sector primario, en donde las problemáticas han estado y siguen estando relacionadas con la posesión de la tierra, su distribución, la exclusión y el atraso en desarrollo de las zonas rurales. Es tanta su importancia que el 85,4% de la totalidad de los recursos de la implementación del Acuerdo de Paz fueron asignados a la Reforma Rural Integral (RRI en adelante) (PMI, 2017). En total, se dispusieron $110,6 billones de pesos para la RRI, para ser utilizados entre 2017 y 2031. Preocupa entonces que el último informe de verificación emitido por CERAC - CINEP en febrero de 2021, señala avances puramente normativos y pocos avances en ejecución. 

Por eso es importante hacer una revisión de la situación con respecto a la desigualdad en la distribución de la tierra, su uso, las condiciones laborales del campesinado y la pobreza rural, pero además analizar los avances en materia de implementación de la RRI después de cuatro años de la firma del acuerdo de la Habana. 

Studio Wey

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con respecto a la desigualdad en la tenencia de la tierra, 53% de los campesinos en Colombia no son propietarios de la tierra en donde trabajan. El índice de Gini para la distribución de la tierra (que tiene un rango entre 0 y 1, donde 1 representa la máxima desigualdad y cero ninguna desigualdad), se ha mantenido en 0.87 por más de 60 años (Censo Nacional Agropecuario 2014), muy por encima del ya escalado coeficiente de América Latina ubicado en 0.79. Es decir, la tierra sigue estando en manos de unos pocos.

Adicionalmente, en relación con el tamaño de los predios de explotación agropecuaria, en los resultados del Censo Nacional Agropecuario realizado en 2014, llama la atención el incremento del número de Unidades de Producción Agropecuaria - UPA menores a 5 hectáreas, con respecto a los anteriores censos de 1960 y 1970. Este tipo de UPAs representaron en el último censo el 70.4% del total pero solo ocupan el 2% del área rural dispersa censada, mientras que aquellas UPAs de más de 500 hectáreas representaron el 0.4% del total, pero ocupan el 77.3% de las zonas rurales. 

Adicionalmente, en relación con el tamaño de los predios de explotación agropecuaria, en los resultados del Censo Nacional Agropecuario realizado en 2014, llama la atención el incremento del número de Unidades de Producción Agropecuaria - UPA menores a 5 hectáreas, con respecto a los anteriores censos de 1960 y 1970. Este tipo de UPAs representaron en el último censo el 70.4% del total pero solo ocupan el 2% del área rural dispersa censada, mientras que aquellas UPAs de más de 500 hectáreas representaron el 0.4% del total, pero ocupan el 77.3% de las zonas rurales. 

Jan Kronies

Sumado a la inequitativa distribución de la tierra, está la preocupante situación laboral de las personas en el campo y la significativa brecha de pobreza entre zonas rurales y urbanas. Aunque la tasa de desempleo, que para el año 2019 fue del 7% en las áreas rurales, se ubicó por debajo del 13% registrada en las cabeceras urbanas (GEIH, 2019), inquieta la elevada tasa de informalidad de los trabajadores del campo, la cual llega a niveles por encima del 80% superando ampliamente el promedio nacional del 61.5%. Lo anterior denota las difíciles condiciones laborales en las que, por años, se han enfrentado la mayoría de los trabajadores en la zona rural y un sistema que no está pensado para la volatilidad del trabajo por cuenta propia o jornalero que predomina en las zonas rurales (Otero-Cortes 2019). 

Por último, al revisar los datos de pobreza monetaria publicados por el DANE para 2019, en la zona rural la pobreza incrementó del 46% en 2018 a 47.5% en 2019, y la pobreza extrema pasó de 16.2% en 2018 al 19.3% en 2019. Esto se traduce en que la pobreza en las zonas rurales es 1,47 veces la urbana. Si bien este deterioro está estrechamente relacionado con las difíciles condiciones laborales en el campo, persisten problemas más estructurales. De acuerdo a las cifras de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA, del Ministerio de Agricultura, las mujeres representan el 48.2% de la población rural y son también quienes tienen menor participación laboral y bajos salarios porque la mayor parte de su trabajo en casa no es remunerado. 

Es evidente que las condiciones de la ruralidad en Colombia, que constituyen una importante razón histórica para el conflicto, requería una priorización inmediata en el acuerdo de paz que buscará la mejora efectiva de la calidad de vida en el campo. Con la RRI se plantearon entonces nuevas regulaciones para la formalización de la tenencia y acceso a la tierra, la participación de su población y la priorización de municipios altamente afectados por el conflicto y rezagados en desarrollo. Después de cuatro años los avances se han constituido mayoritariamente en aprobaciones formales de la regulación, pero persisten retrasos y poca claridad para la ejecución. 

En general, preocupa que según el informe de la Contraloría General de la Nación de Julio de 2020, en ninguno de los años de implementación se han ejecutado la totalidad de los recursos previstos, lo que se traduciría en 25 años de implementación frente a los 10 años estipulados en el acuerdo de paz (Contraloría, 2020). En particular, aunque la mayor parte de los recursos se asociaron a la RRI (59% entre 2017 y 2019), el informe también señala que los recursos han sido mayoritariamente asignados para educación, infraestructura y adecuación de tierras, y economía solidaria y solamente un 2% de los recursos están relacionados con pilares de ordenamiento social de la propiedad. Con respecto a los mecanismos propuestos, los avances más significativos han estado relacionados con la aprobación y ejecución de obras, en su mayoría vías, en los municipios priorizados para el postconflicto - PDETs. En los mecanismos adicionales, de acceso a tierras y los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral – PNRRI, los avances han sido mayoritariamente en el reglamento normativo.

Para el acceso a tierras, preocupan: el Fondo de Tierras para la distribución gratuita de tres millones de hectáreas y la creación de la Jurisdicción Agraria y resolución de conflictos. Al fondo de tierras han ingresado un poco más de 1 millón de hectáreas pero no se registra la entrega gratuita ni a un campesino sin tierra (Contraloría, 2020). La Jurisdicción Agraria, para seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y la resolución legal de conflictos relacionados con la tierra, hacía parte de las normas que debían aprobarse durante el primer año de implementación. Ahora en vez de contar con jueces, magistrados y mecanismos de solución de conflictos de índole agraria y rural, se optó por la creación de una especialidad en las jurisdicciones ordinarias y contenciosa administrativa. El proyecto de ley fue apenas tramitado en el congreso en diciembre de 2020 (CERAC-CINEP, 2021), y si es aprobada, se necesitarán por lo menos 30 meses para empezar a contar con la especialidad. 

Por último, respecto a los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral – PNRRI que pretenden apoyar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, hay un total de siete aprobados de los 16 previstos. El informe de la CERAR-CINEP (2021) señala que si bien estaba planeado que hasta el 2022 se desarrollaran documentos técnicos y mesas técnicas, no hay claridad cómo se desarrollarán acciones concretas en este tema. 


En conclusión, persisten muchas inquietudes acerca de los avances concretos, enmarcados en la implementación del acuerdo de paz, para mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y transformar estructuralmente las condiciones de inequidad que han definido históricamente al campo colombiano. Esperemos que en esta oportunidad le demos al campo una prioridad real. 



Notas: 

1- UPA es la unidad de organizacóin de la producción agropecuaria. Debe cumplir con las siguientes condiciones: 1. Produce bienes agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas. 2. Tiene un único productor/a natural o jurídico que asume la responsabilidad y los riesgos. 3. Utiliza al menos un medio de producción como construcciones, maquinaria, equipo y/o mano de obra en los predios que la integran.

2- Informalidad para el caso colombiano, corresponden a la contribución a salud y pago de pensiones por parte del empleador y el empleado. El empleador también debe realizar pagos a alguna administradora de riesgos laborales (ARL) y aportes parafiscales a cajas de compensación.


Referencias:

PMI (2017). Plan macro de implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Technical report, Gobierno de Colombia 

GEIH (2019). Gran Encuesta Integrada de Hogares. Departamentop Administrativo de Estadística (DANE)

Otero-Cortés, A., & Otero-Cortés, A. (2019). El mercado laboral rural en colombia, 2010-2019. Documento de Trabajo sobre Econíoma Regional y Urbana; No. 281. 
Contraloría (2020). Cuarto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan de Pluralidad de Inversiones. Contraloría general de la república. 
CERAC-CIJNEP (2021). Octavo iónforme de verificacin de la Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC