Morir defendiendo la vida III


Cultivos ilícitos: Una historia de resistencia, represión y olvido

Autora: Angélica Castro

El proceder histórico del estado colombiano en la lucha antidrogas ha estado caracterizado por acciones como la erradicación forzada, la represión y estigmatización de cultivadores y zonas de cultivo, acciones que van en vía contraria a lo pactado en el punto número 4 del Acuerdo de Paz en 2016, que busca la participación y consulta de la población involucrada con cultivos ilícitos.

 

Escribir histórico no confiesa una necedad personal, me explico. Las decisiones del gobierno colombiano para dar solución al problema de las drogas en Colombia inician desde los 70s. Aunque es difícil calcular una fecha, en 1972 se formuló en los Estados Unidos el famoso programa “guerra contra las drogas” del ex presidente norteamericano Richard Nixon. El programa aportó a la política antidrogas una visión internacionalista y prohibicionista, en ella se puede identificar el fortalecimiento de acciones represivas en el ejercicio de la erradicación, interdicción y encarcelamiento de quienes producen, distribuyen y consumen sustancias declaradas ilícitas (para la época el foco se ubicó sobre la marihuana), fortaleciendo el gasto militar no solo en Estados Unidos sino también en Latinoamérica1.

Para la época en que Nixon promulgó su política antidrogas por el mundo, en Colombia ya habían surgido guerrillas como las FARC-EP, el ELN, EPL y el M-19 hacia el año 1970 y la Coca tapizaba praderas y montañas en el sur del país2, eventos que hacían que dicha política tomara un tinte contrainsurgente en Colombia.

 

El olvido

 

Es que nuestra historia de conflicto no ha sido casualidad, ni mucho menos. La desigualdad social en Colombia ha sido la causante de nuestro interminable conflicto. La aparición e incremento de cultivos ilícitos no responde a la tan famosa ausencia efectiva o no del Estado, sino a la conveniente presencia del mismo (que está presente a intereses políticos de unos pocos), así como al mínimo acceso a bienes y servicios, la casi nula inclusión de población campesinas, indígena y afro, al débil acompañamiento y garantía hacia una economía legal, sumando la alta vulnerabilidad social y la falta de control de la corrupción por parte del gobierno.

 

Una familia campesina que cultiva coca, marihuana o amapola no lo hace porque lo desea, todo lo contrario, lo hacen por sobrevivir ante el flagelo que vive el campo y muchas veces como única opción ante el racismo estructural que sufren con cada gobierno de turno o porque constituye parte de su cosmovisión, como es el caso de los pueblos indígenas.

 

No ha bastado más de 60 años, de ininterrumpidas formas de violencia que afectan principalmente a la población rural, detenciones arbitrarias, exterminio a comunidades campesinas, y estigmatización de sus habitantes para que se atiendan las necesidades que demandan los campesinos, indígenas y Afros en las regiones donde existen cultivos de coca todavía, cuyas demandas han sido siempre las mismas.

 

El movimiento campesino, e indígena cocalero, se ha manifestado en numerosas ocasiones, las marchas de Doncello en 1976, en el paro cívico de 1977, en el foro en Pará en 1989, o en la masiva marcha cocalera de 1996, todas coincidiendo con la necesidad de concertar un plan de desarrollo rural integral donde se reconozcan como cimiento vital, la participación efectiva de las comunidades.Desafortunadamente hasta el día de hoy ninguna manifestación cocalera ha sido atendida por parte del estado. Ya vamos para la 4ta y en muchos casos la 5ta generación de campesinos, indígenas y afros dedicados al cultivo de coca y transformación de la hoja. Los mismos que siguen exigiendo: vías de acceso, asistencia agrícola, educación para niños y jóvenes, salud y mejores precios para sus cosechas 3,4

“En estas zonas, el único cultivo rentable es aún el de la planta de coca debido a la falta de infraestructura para cultivar y vender otros productos (ej. acceso a vías, insumos agrícolas, e internet), y a la presión por parte de grupos ilegales sobre campesinos e indígenas por cultivar esta planta, necesaria para mantener el lucrativo negocio de la cocaína.” Menciona Iván Beltrán en su artículo Agricultura y territorio

De no ser atendidas estas exigencias, la coca seguirá representando más que un plato de comida para las familias campesinas, seguirá siendo esperanza en medio de la pobreza, oportunidades financieras para ellos y sus hijos, y para muchos un símbolo de resistencia.

 

Tras casi 50 años de presencia de cultivos ilícitos en el país, no existe una estructura mínima vial, colegios, universidades, o asistencia técnica para el campo, tampoco se han diseñado políticas y estrategias que salvaguarden la producción agrícola nacional a través de precios justos, acceso a mercados y priorización de los productos nacionales; donde se incluya además las alternativas de control y manejo de cultivos ilícitos propuesta por la comunidad indígena, tal y como se mencionan en la tan urgente Reforma Rural Integral.

Este sin fin de problemas, nos está costando la vida de activistas ambientales, cocaleros, protectores de bosques y de economías solidarias que se oponen a la deforestación, la minería, la ganadería extensiva, el negocio del agua, etc.

Las históricas y recientes zonas donde hay presencia de cultivos ilícitos, son a su vez las zonas más peligrosas para el activismo social y ambiental. Para el año 2020 según el informe de las Naciones Unidas las zonas de mayor concentración de cultivos son Córdoba, Antioquia, Bolívar y Chocó. Al cruzar estos datos con el análisis realizado en la primera entrega de esta serie, el total fueron asesinados 22 de activistas ambientales en las zonas ya mencionadas.

Llevamos décadas invirtiendo grandes sumas de dinero, millones de dólares en fuerza militar, sin importar cuántos millones de vidas de civiles y militares nos puede costar, convencidos de que la única forma para acabar con los cultivos ilícitos es a punta de bala, represión, y estigmatización.  

Colombia es un país donde a signos de alarma, como la bonanza cocalera de 1970 en el sur del país, nunca se le prestó atención. Alarma que dejó al país con la mayor cantidad de cultivos ilícitos a la fecha5 y unos años más tarde a la población sumida en la pobreza; un sinfín de baño de sangre propiciado por las guerrillas y narcos6, que disputan el control del negocio del narcotráfico, llevándose consigo también la vida de líderes sociales, estudiantes, campesinos, maestros y provocando desplazamientos.


La lluvia de Glifosatos


El país se caía a pedazos, y los carteles no solo se apoderaron -como hoy- de la producción de droga, sino también hacían presencia política en las regiones donde el cultivo de coca y la ganadería son la principal actividad económica. Ante semejante panorama no solo nacional sino internacional, el gobierno no encontró mejor camino que ceder ante la presión internacional, dando así inicio al control de la expansión de cultivos ilícitos en dos periodos históricos de fumigación mostrados en la imagen a continuación.

Creación propia. Datos de Mamacoca

 

La primera etapa de fumigación que se realizó fue con el herbicida Paraquat. Fumigación que fue cuestionada por el Instituto Nacional de Recursos Naturales por sus efectos tóxicos, en vertientes hídricas, salud humana y animal.  

La segunda etapa ha sido con Glifosato y aunque existen más de 30 investigaciones, como el estudio de Mejía y Camacho donde se detallan efectos nocivos para la salud humana, como: reducción de la duración del embarazo, probabilidad de sufrir afecciones en la piel, problemas respiratorios como cáncer de pulmón, envenenamientos, destrucción de glóbulos rojos, erosión gastrointestinal, daño renal, menor producción de esperma testicular, malformaciones en fetos, anencefalia; además de eso y no menos importante la posible relación con el Parkinson, el Alzheimer, y otras relacionadas a la salud mental. Así como los ya confirmados efectos nocivos sobre animales, y el ecosistema.

Durante el gobierno de Juan M. Santos en el año 2014, antes de la firma del acuerdo de paz, el Consejo de Estado en un fallo sobre los parques nacionales, pide al gobierno que dé aplicación al principio de precaución en caso de que se detectara un riesgo para las comunidades por el glifosato. Al año siguiente se consideran las recomendaciones de suspender las aspersiones con glifosato después de advertir los efectos cancerígenos del herbicida. Ahora bajo el mandato de Iván Duque, se propone a través de un polémico decreto retomar el uso del glifosato, bajo el discurso que reglamenta su uso como “necesario”, ignorando todas las investigaciones científicas de sus nocivos efectos y su poca eficiencia en el control de cultivos ilícitos.


El costo de una política fallida


Aunque numerosos estudios demuestran las consecuencias del uso de glifosato, también se cuestiona su eficiencia, así como la eficiencia de todas las formas de erradicación que hasta la actualidad se han utilizado. De acuerdo con el análisis presentado por InSightCrime, aunque la fumigación pueda significar la reducción de cultivos de coca sembrados, las dinámicas de producción de cocaína aumentan, así como la resiembra de cultivo. Consideremos un hecho histórico: El Plan Colombia7, que presentó graves consecuencias para el sector social y una fallida lucha contra las drogas y el narcotráfico. La inversión militar absorbía toda la inversión social, tal y como se muestra en la siguiente gráfica, desencadenando la permanente deuda que tiene el Estado con los campesinos del país, manteniéndonos como  el mayor productor de coca en el mundo.

Creación propia y datos de www.state.goc/ www.wola.org

En temas de erradicación forzada se estima que hasta el 2013 la inversión en glifosato fue de 1.500 millones de dólares.

Aunque ya es casi una verdad absoluta que la erradicación forzada resulta más costosa que las vías pacíficas, tal como señaló Daniel Rico en su columna, no es fácil estimar el costo y la manera como se calcula sigue siendo un misterio. También hay dudas y cuestionamientos sobre los auto-reportes de hectáreas erradicadas forzosamente, así como sobre las estadísticas de resiembra. Esto incluye al actual PNIS (Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), que hace referencia a lotes reportados por las familias beneficiadas, pero no a zonas aledañas de familias que no entraron en el programa.

Bajo esa lógica guerrerista, se inscribe un recital de tres actores: el primero, los grupos armados ilegales que se disputan hasta el día de hoy el control de las tierras, el cultivo de hoja de coca y la transformación de la misma; segundo, las fumigaciones como política de erradicación que han generado grandes costos en materia de desplazamiento humano, recordando que Colombia es uno de los países con mayor desplazamiento interno en el mundo y el CODHES estima que el número de familias que tuvieron que desplazarse por efectos de las fumigaciones entre 1999 y 2003 fue de 185 mil 8, y tercero, las fuerzas militares como operadores de los programas de erradicación forzada. 

Está más que demostrado que la política antidrogas no es más que una panoplia amplia y variada de artimañas de guerra contrainsurgente y acciones contra la población civil que se ha pensado con el único objetivo de disminuir a toda costa el cultivo de coca, así como el cultivo de pancoger de campesinos, deslegitimados con este accionar de su derecho a la vida y a la tierra.

 

¿Quiénes son los campesinos cocaleros?


En las miles de hectáreas de coca que existen en el país, viven campesinos en condiciones precarias, no sólo por ser “cocaleros”, pues esta situación de pobreza coincide con la situación de miles de familias campesinas en Colombia. En las zonas de cultivos ilícitos, viven niños, jóvenes, y ancianos. Nos han hecho pensar que el campesino que cultiva coca recibe exuberantes pagos por ella, pero recientemente la COCCAM afirmó que el pago por la hoja de coca es igual de insuficiente como cualquier cultivo agrícola ya que paradójica y tristemente el campesino hasta fechas reciente no calculó nunca la mano de obra por la recolección de la hoja. La diferencia con un cultivo agrícola tradicional es que la estructura criminal recoge la hoja en la finca y se encarga de su venta.

El panorama de pobreza y olvido es tan antiguo como nuestra historia misma. En los años 60s, familias colonas optaron por cultivar la hoja de coca en el sur del país. Zonas a las que hoy se les suma la amenaza de la moderna expansión de la frontera agrícola, las locomotoras minero-energéticas, la presencia de actores armados ávidos del control de los mercados estas actividades, así como por las figuras de ordenamiento territorial burocráticas y confusas alrededor de la tenencia y propiedad de la tierra y los programas de erradicación a los que ellos se enfrentan, exponiendo sus vidas defendiendo sus territorios. 

Foto de Agencia Prensa Rural

Como resultado de todas estas dinámicas, existe un campesinado sin tierra y sin la posibilidad de formalizarse por no poseer el título de la tierra o por encontrarse en zonas de especial protección (parques naturales, resguardos indígenas entre otros). Zonas que aunque cuentan con protección, debemos sumarle dos problemáticas más, primero, la creciente deforestación como lo muestran los datos del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP)9, entre 2018 y 2019 este territorio perdió 2.200 hectáreas de selva. Es la tercera área protegida más deforestada del país, después de los parques nacionales de Tinigua y la Serranía de La Macarena, ambos ubicados en la transición de los Andes a la Amazonia y segundo, los innovadores negocios que buscan lucrarse de los bosques naturales. 


Bajo esta triste realidad. Los campesinos, indígenas y afrocolombianos siguen siendo el eslabón más vulnerable en la economía del país, así como también son el primer eslabón en la cadena de la producción de cocaína.


A continuación, un testimonio en contraste de tiempo de dos familias cultivadoras de hoja de coca, donde podemos leer sus relatos que aunque los separan casi 21 años, siguen siendo los mismos.

Entrevista a Juana año 2000

 

Póngase usted a pensar en la estigmatización tan brava que se había vivido en la época de las marchas cocaleras, ahora sí que se vino ese veneno fue con toda.

Fue demasiado crítico, al momento que se llevaron a cabo las fumigaciones, se incrementó la militarización y los aviones del Ejército venían y bombardeaban. Y por supuesto hubo desplazamientos por esa forma de luchar contra una mata que realmente ni la culpa tiene, y pues el campesino tampoco, porque es que, con la militarización de muchas zonas, todo mundo en el corregimiento y donde se cultivaba coca era considerado “colaborador de la guerrilla”.11

 

Entrevista a Berta año 2021

 

“Mientras un grupo de vecinos acampa día y noche junto a varios cortes de coca para evitar que el ejército los arranque, los operativos regresaron en febrero de este año, con el objetivo de erradicar(...) Es devastador. A ese lugar ya no llega nadie. ni los mandatarios, ni el fiscal, ni el PNIS. Acá lo único que llegó del gobierno fue el ejército, y llegó a acabar con la comida de la gente y con la gente. Vinieron, mataron al muchacho, se fueron y no volvieron. También nos olvidaron”.10

 

La tarea y mayor reto del estado colombiano deriva entonces de esa realidad de competir con las garantías que la ilegalidad desafortunadamente ha dado al campesino cocalero. Iniciar con la construcción de vías hasta profundas zonas del país, con el fin de que el campesinado logre llevar sus productos y abastecerse de suministros agrícolas fácilmente, así como garantizar formas de comercio digno y justo que protejan la producción agrícola nacional y por último, que provea de bienes y servicios a las comunidades campesinas que habitan dichas zonas. De lo anterior, se desprende la necesidad también de avanzar más y con mejores estudios, tener en cuenta el relato de las víctimas, fortalecer las herramientas de seguimiento a las afectaciones en salud y medioambiente, y establecer estrategias de identificación, prevención y mitigación de riesgos vinculados a la fumigación con glifosato.

Sin duda parece una tarea titánica, y teniendo en cuenta las lamentables intenciones del gobierno actual de reanudar esta nociva práctica, se debe considerar una pronta inversión social, que, si pensamos nuevamente en los costos de erradicación, seguramente existirán los recursos económicos que alivien esta problemática, que no es más que el abandono social y la fuerte depresión económica que llevó a que la coca esté hoy profundamente adherida a nuestra economía.


El gobierno no debe olvidar que está en juego la vida de cientos de familias que asumieron el compromiso de erradicar los cultivos ilícitos y caminar hacia la economía legal. Apoyar la sustitución, así como el respeto a los cultivos de coca que son de uso medicinal, o que bajo la cosmovisión ancestral indígena deben permanecer, requiere de un mensaje y postura política clara, que respalde y apoye a la comunidad.

 

La paz en deuda


Si bien esta opinión recoge diferentes reportajes sobre el tema, busca que usted como lector reconozca puntos claves en las dinámicas alrededor de los  cultivos ilícitos. También suscribe un pequeño aporte de memoria histórica para reconocer el valor que tienen los relatos, las vivencias de quienes están allí en el cultivo, la narrativa de las personas que han experimentado las fumigaciones sobre el territorio, e incluso, sobre sus propios cuerpes.

En el año 2017 se puso en marcha el programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), programa que ha demostrado ser más económico y sostenible12 frente a las formas de erradicación. El PNIS es el mecanismo central del punto cuatro de los Acuerdos de La Habana. Aunque el programa representa una oportunidad de construir paz, ha tenido también muchas trabas políticas, que han producido un sinfín de retrasos en el programa, centenares de familias han quedado por fuera del programa y otras que no han recibido ni beneficios, ni pagos. Así mismo es evidente el problema del PNIS en su elaboración, pues al no estar articulado con la Reforma Rural Integral (reforma que hace parte del Acuerdo de Paz) que busca la transformación del territorio a través del suministro de bienes y servicios. Se corre el riesgo de la resiembra de coca en zonas donde la sustitución de cultivos ilícitos ha dado pasos importantes, pues la falta de bienes y servicios por parte del estado lleva al campesino a que cultive nuevamente cultivos declarados ilícitos.


El programa también ha sido afectado por la retoma de las fumigaciones en el gobierno de Duque. En Tumaco por ejemplo, había personas que cultivaban arroz, cacao, café, bananos, entre otros, cultivos que fueron afectadas por la fumigación con glifosato. Muchos árboles de cacao murieron, el arroz no creció, por ende, no hay productos para comercializar y la ayuda técnica no llegó.

 

Lo que sí parece aumentar es la llegada de multinacionales que amenazan los parques nacionales y zonas protegidas. Multinacionales que tienen, por ejemplo, fuertes vínculos con carteles de la droga en México, con holdings que administran empresas mineras y agroindustriales, o con deforestación y control territorial.

La inseguridad también ha sido un punto crítico en el programa, pues el campesino que busca sustituir su cultivo es amenazado por toda la cadena criminal de las drogas y queda en medio de las disputas por el control de la droga entre diferentes organizaciones criminales, las disidencias de las FARC y el ELN.

Entre el periodo seguido a la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta el 2020, han sido asesinados 75 líderes de sustitución de cultivos ilícitos.


La crisis actual durante la pandemia por Covid-19 recrudece la situación. No solo ha generado muertes por contagio, sino también ha generado escenarios para que la brecha social aumenta. Por ejemplo en zonas rurales se agudizó la pobreza y aumentó el hambre, también se aprovechó la cuarentena para realizar erradicación forzada, donde resultaron heridos y muertos campesinos13.

“Se ha generado un ambiente tenso que representa una clara amenaza para el campesinado, teniendo en cuenta que en 2017 se firmó un acuerdo colectivo para sustituir de manera voluntaria y concertada los cultivos, se lee en un comunicado de Ascamcat14

Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, como lo menciona el acuerdo de Paz.

 

Ante este panorama tan irregular es necesario sostener un diálogo constante con las familias y comunidades vinculadas a la sustitución voluntaria. Se requieren políticas a favor del campesinado, en zonas donde se adelanta el PNIS y donde aún no ha llegado, así como en la totalidad de la ruralidad para evitar la repetición. El estado además debe garantizar la seguridad de la población, debe crear herramientas como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que estimulen el desarrollo de economías lícitas, así como programas que cuenten con la absoluta participación de las comunidades campesina, indígena, y afro.


Necesitamos programas para los cultivos de coca, donde se renuncie al asesinato, hostigamiento, estigmatización y empobrecimiento del campesino, indígena y afro. Programas donde también se incluya la recuperación de la tierra, la protección del agua, páramos y demás ecosistemas, así como la protección de animales que han sido perjudicados por las fumigaciones. Porque hasta ahora la erradicación de coca, ha sido también la erradicación de la vida de nuestros campesinos y de la tierra.

Este es un pequeño y corto homenaje para cada uno de los campesinos, indígenas, y afros de Colombia, cocaleros y no cocaleros que exponen su vida día a día y que hoy trabajan por un mañana para todos, para que sean escuchados y reconocidos por la comunidad internacional.

Sigue leyendo Morir defendiendo la vida:


Introducción: La ignorada lucha de los líderes ambientales en Colombia


# 1: Agricultura y territorio: Agroindustria, reforma agraria y restitución de tierras


# 2: Cultivos ilícitos: Una historia de resistencia, represión y olvido


# 3: Megaproyectos y aguas: Minería, industrias extractivas y gran no des represas e hidroeléctricas

Referencias


  1. Payan, Tony (2013). A War that Can't Be Won. Tucson, AZ: The University of Arizona Press.
  2. Entrevista a Pedro realizada en El Doncello el 20 de agosto de 2019. Cruz Olivera, L., Pérez, A. M. M., & Sabogal, C. C. (2020). El daño que nos hacen: glifosato y guerra en Caquetá ejercicio de memoria histórica sobre el territorio caqueteño en medio de la guerra contra las drogas.
  3. Mediante el Decreto 124 de 1955 fue creado el Fondo Ganadero del Caquetá S. A. y tanto la Caja Agraria como el Incora promocionan respectivamente esta actividad, con la que evidentemente se acapararon numerosas extensiones de tierra.
  4. En julio de 1972 se dio la toma de Florencia por parte de más de 10.000 pequeños colonos. Se trataba de un enfrentamiento directo contra el Estado y sus instituciones. En 1977 se realizó el Paro Cívico de Florencia, respaldado por toda la población y los gremios políticos y económicos
  5. Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Marihuana: Legislación o represión Bogotá. ANIF, 1979.
  6. Select Committee on Narcotics Abuse and Control “Fact Finding Mission to Colombia and Puerto Rico” https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/63241NCJRS.pdf
  7. Tokatlian, J. (2001). El plan Colombia: ¿un modelo de intervención? Revista CIDOB D'Afers Internacionals, (54/55), 203-219. Retrieved July 23, 2021, from http://www.jstor.org/stable/40585879
  8. Ceballos, Marcela. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Plan Colombia: Contra productos y Crisis Humanitaria. Fumigaciones y desplazamiento en la frontera con Ecuador. Bogotá. Bogotá : s.n., octubre de 2003.
  9. Monitoring of the Andean Amazon Project. (2019). La deforestación continúa en la Amazonía colombiana. https://maaproject.org/2019/chiribiquete_2019_esp/
  10. El daño que nos hacen. Dejusticia, entrevista a Juana pág. 106.
  11. Con balas y a la brava- Pacifista
  12. - UNODC. 2020. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS (informe n° 21). Disponible en https://www.unodc.org/documents/colombia/2020/ Mayo/INFORME_EJECUTIVO_PNIS_No._21.pdf

- Respuesta de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos a un derecho de petición de la Cámara de Representantes. Octubre de 2018.

  1. Comunicado oficial- ONIC Organización Nacional Indigena de Colombia https://twitter.com/ONIC_Colombia/status/1253141161486815236
  2. Comunicado oficial Ascamcat - Asociación Campesina del Catatumbo https://twitter.com/AscamcatOficia/status/1239603728707194885