Morir defendiendo la vida IV


Industrias extractivistas: El precio en oro y sangre de defender el agua

Autora: Carolina Ocampo

July 23rd, 2021

Colombia es reconocida como un país con vocación minera, cuyos recursos han sido explotados desde tiempos precolombinos. La amplia disponibilidad de recursos mineros como el oro, hierro, níquel, cobre y el carbón, al igual que de hidrocarburos ha posicionado a Colombia como una de las cinco economías más grandes de Latinoamérica y un importante exportador de recursos no renovables a nivel mundial. Esta abundancia de recursos ha convertido a la minería en una prioridad para el desarrollo económico del país, a tal punto que para el año 2019 el 80% de las regalías del país provenían del carbón (Portafolio, 2019). Y aunque esto puede sonar como una gran ventaja para la economía y el desarrollo, ha resultado ser una desventaja ambiental y social de tremendas proporciones: Cambio climático y  contaminación de aguas son unos de los principales problemas de la explotación y uso de carbón en el país y en las naciones compradoras del producto. Más aún, la violencia ligada a actividades mineras legales e ilegales, así como a otras industrias extractivistas y proyectos hidroeléctricos, desangran tanto nuestros cuerpos de agua, como a las comunidades rurales que dependen de ellos.


Mientras centros poblados enteros se ven forzados a desplazarse por la violencia derivada de proyectos extractivistas insostenibles, brillan por su ausencia las soluciones reales y discusiones abiertas sobre el tema. Parece claro que el valor del territorio es más alto para el gobierno nacional por el contenido de hidrocarburos y metales preciosos en sus suelos, que por los pueblos y biodiversidad en su superficie. Por ejemplo, la permanencia y escala espacial de la minería ilegal y artesanal, así como la falta de control de autoridades ambientales, han convertido a Colombia en el tercer mayor contaminante por mercurio a nivel mundial1. La acumulación de mercurio en peces de grandes ríos Colombianos como el Magdalena, San Jorge y el Río Bogotá ya ha sido documentada, así como las consecuencias negativas para la salud de comunidades que subsisten consumiendo dichos peces2,3,4. Además, la presencia de minería y otros proyectos extractivistas frecuentemente exacerba problemáticas sociales en los centros poblados aledaños, incluyendo narcotráfico, delincuencia común, trata de personas, prostitución y trabajo infantil. 


Las actividades mineras y extractivistas en Colombia están ampliamente distribuidas en el país. La minería de carbón, por ejemplo, se concentra en la Guajira y el Cesar; mientras que los megaproyectos de extracción de oro están principalmente en la región occidental del país; incluyendo Antioquia, Caldas, Tolima, Cauca y especialmente el Chocó. En estas regiones los territorios de explotación minera coinciden con territorios indígenas y afro, así como con áreas de alta presencia de guerrillas y paramilitares. Más aún, una buena parte de los megaproyectos mineros sobre la cordillera de los Andes (actuales y en planeación) ocurren en zonas de  páramos, siendo algunos de los más conocidos y controversiales el megaproyecto La Colosa de AngloGold Ashanti —cancelado después de una consulta popular en el año 2017— o el páramo de Santurbán en Santander y Norte de Santander, donde la multinacional árabe Minesa planeaba la explotación de oro. Este último proyecto fue finalmente rechazado por la ANLA (Autoridad nacional de licencias ambientales) y archivado en enero de este año. Sin embargo, otros proyectos con menor atención de los medios de comunicación continúan funcionando en áreas de páramo, como la extracción de carbón en el páramo de Pisba en Boyacá.


Las coincidencias de proyectos extractivistas con zonas indígenas, afro y de intenso conflicto armado, así como la organización de comunidades campesinas y activistas ambientales para protestar en contra de los mismos, ha derivado en un alto incremento en la violencia relacionada con esta industria. Ataques por actores armados no identificados a la infraestructura de dichos proyectos y especialmente contra la población civil de los centros poblados cercanos se han convertido en un común denominador de los  proyectos mineros del país. 


Estamos hablando así mismo de una problemática internacional, teniendo en cuenta que para el año 2009 tan solo el 18% de los proyectos mineros en el país estaba liderado por empresas colombianas, mientras que empresas de origen canadiense dominaban el 51% de los proyectos extractivistas y aún hoy en día tan solo cinco compañías (en su mayoría extranjeras) dominan más de la mitad de los grandes proyectos mineros del país5. Ante este conflicto de intereses entre las problemáticas locales y la reputación internacional, la respuesta del gobierno nacional se ha centrado en intensificar los esquemas de seguridad alrededor de los proyectos mineros y las multinacionales a cargo del mismo, ignorando los clamores y necesidades de la población civil. Peor aún, el gobierno ha pasado por alto investigaciones detalladas sobre la clara conexión de empresas multinacionales con grupos paramilitares. Este fue precisamente el macabro caso de Guamocó y la vereda Río Sucio en el sur de Bolívar, en donde grupos paramilitares asesinaron brutalmente y expusieron los cuerpos de líderes de la minería local para “devolver las minas a quienes pudieran explotarlas adecuadamente1

Acuerdo de paz y megaproyectos


León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, estima que entre el año 2000 y 2016 se generaron en Colombia al menos 179 grandes disputas en torno a proyectos extractivistas. Pocos de ellos habían sido completamente solucionados a la fecha de la firma del acuerdo de Paz entre el gobierno Colombiano y las FARC-EP6. Esta alta cifra está claramente relacionada con el incremento en títulos mineros entre 2002 y 2010, que se mantiene hasta ahora como resultado del Código de Minas implementado desde el gobierno de Álvaro Uribe Velez. 


Ante la firma del acuerdo de paz, se esperaba que muchos de estos conflictos locales se solucionaran, con la posibilidad de una mayor presencia del estado y la fuerza pública en centros poblados remotos con actividad minera. Sin embargo, el problema ha empeorado mucho más. Por un lado, la presencia de otros actores armados se ha fortalecido ante la ausencia de las FARC incrementando el riesgo para comunidades locales y por otro, el gobierno obliga a pequeños mineros a competir con grandes multinacionales mineras por el acceso a los recursos en el suelo. Así, tanto pequeños mineros ilegales intentando formalizarse, como mineros locales legales, se ven obligados a dejar su trabajo e independencia para convertirse en trabajadores de las multinacionales. Esto, sin embargo, se ve limitado también por la cantidad de plazas laborales ofertadas por las multinacionales a personas de la región y la educación formal que requieren para acceder a estos cargos. Como resultado se han potenciado múltiples formas de protestas, incluyendo paros y bloqueos, ante la falta de oportunidades ofrecidas por el estado para solucionar estos problemas. Sin embargo, las soluciones brillan por su ausencia, obligando a los líderes locales a decidir entre el desplazamiento forzado o la muerte.


Según nuestras investigaciones basadas en información reunida por Indepaz, 36 líderes ambientales involucrados en temas de minería, protección de recursos hídricos y otros megaproyectos extractivistas fueron asesinados en Colombia entre 2016 y 2020. Estos líderes se encontraban en 15 departamentos y los asesinatos incrementaron de cuatro en el 2016 a 11 en el año 2020. Más aún, como se muestra en la Figura 1, una gran parte de estas regiones coincide con áreas reconocidas por la presencia de grupos armados post-farc para el año 2019. Muchas de estas zonas también fueron reconocidas por el Centro de Memoria Histórica debido a su alta incidencia de conflicto armado para el año 20187, y reportadas por el Indepaz debido al incremento en la presencia de grupos narco-paramilitares después de la firma entre el año 2008 y 20218, siendo Antioquia el departamento con mayor población involucrada en estos grupos delictivos. 

FIGURA 1: Número de líderes ambientales asesinados, relacionados con proyectos extractivistas en cada región de Colombia. Cifras derivadas de Indepaz. Armas en cruz indican la presencia de grupos armados ilegales después de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, de acuerdo a lo reportado por la fundación PARES (2019).

¿Y entonces, qué hacer con la industria extractivista en Colombia?


La disponibilidad de recursos mineros en Colombia, al igual que otros recursos naturales, hace impensable la desaparición de la industria minera y extractivista en el país. Sin embargo, esta se debe desarrollar con un claro enfoque hacia el máximo beneficio para los colombianos y en especial para las comunidades  rurales en el área de impacto. Basándonos en múltiples publicaciones sobre extractivismo y pos acuerdo en Colombia5,8,9, proponemos cuatro áreas de enfoque en el desarrollo y monitoreo de proyectos extractivistas en el país:

 

  1. Enfoque territorial


El claro mensaje que nos dejan las múltiples problemáticas con megaproyectos en el país es que no existe una solución universal. La diversidad natural, social y cultural de nuestro país hace necesario que en cada área de impacto de proyectos extractivistas actuales y futuros se realice un análisis independiente de la situación actual de comunidades rurales en la zona (incluyendo comunidades campesinas, indígenas y afro), posibles conflictos entre distintos actores de la región, así como la historia de violencia y presencia actual de actores armados y del gobierno nacional. 


En cada caso, se debe establecer qué tipo de trabajo previo, simultáneo y posterior a un megaproyecto extractivista es necesario realizar. Esto incluye, por ejemplo, el fortalecimiento de mecanismos de protección para la sociedad civil y concertación entre actores legales y no-armados en conflicto. Deben existir garantías claras y medibles de cómo se garantizará la seguridad de comunidades locales y su fortalecimiento a través del proyecto. Esto nos lleva directamente a la segunda área de enfoque.


   2. Inclusión y balance de oportunidades


Como se ha mencionado, el fracaso o la aparición de conflictos derivados de proyectos extractivistas surgen en muchos casos por la ignorancia del gobierno nacional, o su activo rechazo a las comunidades locales que ya realizan actividades extractivistas tanto formal como informalmente. Cuando estas personas son dejadas de lado, el más grande resultado de los proyectos extractivistas es el aumento significativo de la desigualdad. Las actividades de minería informal, por ejemplo, son extremadamente altas en el país, con un porcentaje que alcanzaba el 80% en Antioquia y hasta el 99% en Chocó para el año 2011. A pesar de que estas personas y organizaciones informales hagan un esfuerzo para entrar en la legalidad, más del 80% de sus solicitudes de formalización fueron excluidas en el año 2010, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo10.


Es irreal esperar que pequeños mineros artesanales, con una larga tradición minera pero sin formación alguna en las regulaciones legales de la minería en la actualidad, puedan cumplir los estándares propuestos por un gobierno que toma como referencia a grandes multinacionales. Es imperativo que exista un mecanismo de integración transitoria que permita a pequeños mineros formalizarse, teniendo apoyo para el cumplimiento de la normativa vigente. Esto incluye, entre otras, una regulación clara y la socialización de los mecanismos legales para la compra-venta de mercurio y otras sustancias altamente peligrosas para el medio ambiente; instrucción en temas de seguridad en el trabajo; y soporte en la obtención de los documentos requeridos para la legalización de su actividad. Sin estas ayudas, es clara la preferencia del gobierno Colombiano por multinacionales extractivistas, que por los pequeños mineros nacionales que se ven obligados a pagar altos costos a actores ilegales para que sirvan como intermediarios en el proceso de legalización de su actividad10.


   3. Enfoque étnico y de género


Como lo mencionamos anteriormente, la mejora de las actividades extractivistas en el país requiere tener en cuenta la diversidad presente en el mismo. Esto incluye en su centro a la diversidad étnica de nuestro país, que marca claras diferencias en las expectativas y manejo dado a proyectos extractivistas y en general a los recursos naturales. Es indispensable que el Gobierno colombiano respete las tradiciones de grupos indígenas y afro en el país, y ante todo los territorios que corresponden a dichos grupos. Es impensable que ocurran de nuevo situaciones como la presentada en La Toma, Cauca, en donde la fuerza pública evacuó por la fuerza a la población afro presente un territorio asignado por el Gobierno (sin previa concertación con los locales) a un megaproyecto minero (Box 1)10.


Aún más urgente es  que la industria extractivista tenga una perspectiva de inclusión para mujeres de distintas edades. Mientras la actividad minera tradicional ha sido llevada a cabo también por mujeres, la industria extractivista actual las segrega, limitando su actividad a, por ejemplo, actos de “piedad” por parte de multinacionales, que permiten a las mujeres locales revisar los escombros de su actividad minera en busca de residuos de metales y piedras preciosas, lo que les genera ganancias inferiores a 20.000 COP por día1. En contraste, el porcentaje de mujeres empleadas en el rubro de la minería del carbón en Colombia era tan solo de 19.2% para el año 200611. Un enfoque realista de género requiere tener en cuenta las diferencias en el acceso a formación educativa para los hombres y las mujeres rurales en Colombia. También requiere una clara perspectiva del rol de las mujeres en el mantenimiento de las familias rurales y en su vulnerabilidad ante el incremento en los delitos sexuales ligado a la llegada de megaproyectos extractivistas a sus territorios12. El gobierno nacional debe incluir en las regulaciones impuestas a proyectos extractivistas un componente claro respecto a la inclusión de mujeres de manera justa y equitativa en los beneficios a corto y largo plazo derivados de dichos proyectos.

BOX 1. Suárez, Cauca: Del activismo ambiental a la política nacional


El municipio de Suárez, en el norte del departamento del Cauca, es minero desde su creación. Formado por comunidades afrodescendientes que llegaron a Colombia entre los siglos XVI y XVIII como esclavos de la comunidad Jesuíta, se han dedicado desde siempre a la extracción minera y la búsqueda de metales preciosos en el Río Oveja13.


Su larga tradición minera, sin embargo, ha sido desdeñada por el gobierno Colombiano, quien asignó 13 concesiones mineras en el municipio, incluyendo a tan solo el 6% de las comunidades negras de la zona. Después de múltiples procesos legales, incluida una sentencia de la Corte Constitucional en 201614, ha quedado claro que los títulos mineros entre 2001 y 2015 fueron asignados sin tener en cuenta, entre otras prioridades sociales, los territorios usados por comunidades afro, pero no declarados legalmente como territorios étnicos15


Con la llegada de grandes concesiones mineras se impulsó también la minería ilegal sin freno, arriesgando la calidad de cuerpos de agua para los pobladores de la zona y su vida misma. Ante esto, desde la comunidad de La Toma, en cabeza de la lideresa ambiental y abogada Francia Márquez, un grupo de mujeres y niños se movilizó hasta Bogotá en 2014 para exigir al gobierno nacional mayor atención sobre el tema.


Los resultados de estas acciones son mixtos: Por un lado, la comitiva de La Toma fue finalmente atendida por el gobierno en la capital del país (no sin antes considerarlos como “perturbadores de mala fé”16), que delegó una comitiva para asegurar que los mineros ilegales se retiraran. Así mismo, las comunidades continúan empoderandose para asegurar su espacio en la minería legal, por ejemplo con la creación de personas jurídicas que les brinden ventajas legales y económicas como Asomuselupaz. Por otro lado, las soluciones no han sido sostenibles. La Toma aún no cuenta con mecanismos efectivos para limpiar de subproductos mineros tóxicos las aguas que sus pobladores consumen. Mientras tanto, las masacres continúan en la zona y el gobierno las considera actos de delincuencia común, cerrando sus ojos ante la presencia de grupos paramilitares y narcotráfico17.


Francia Márquez, quien se ha convertido en un personaje político importante, ha confirmado su candidatura para la presidencia de Colombia en las próximas elecciones del 2022. Esto llena muchos corazones de ilusión de que finalmente el gobierno nacional plante sus ojos de lleno en las necesidades de comunidades rurales como Suárez. Sin embargo, las amenazas de multinacionales como Anglogold Ashanti de abandonar el país si no son favorecidas con permisos mineros y ventajas fiscales17, continúan nublando el panorama.


   4. Sostenibilidad social y ambiental


Se suele decir que Colombia tiene una de las mejores legislaciones ambientales en Latinoamérica y hasta a nivel mundial. Los requerimientos para estudios de impacto ambiental, por ejemplo, son detallados y claros, incluyendo la necesidad de un plan de mitigación de impactos ambientales y sociales. Sin embargo, el monitoreo de la ejecución de planes de mitigación y prevención de impactos, al igual que procesos previos de concertación con comunidades locales, parecen no contar con la misma calidad. Debido a esto muchos proyectos extractivistas adquieren una política de “visita helicóptero”, en la cual toman ventaja de los recursos naturales de la zona y modifican a su paso las dinámicas de vida de las comunidades presentes en la misma, sin dejar después de su partida una mejora duradera en la calidad de vida de estos pobladores. Por el contrario, las consecuencias nocivas, incluida la contaminación de recursos hídricos y tierras, así como el agotamiento de fuentes de alimento como peces y recursos no madereros en los bosques, son un común denominador. Es imprescindible exigir a las empresas extractivistas a lo largo de la ejecución de su proyecto la ejecución de planes de mitigación y de proyectos que mejoren a largo plazo la calidad de vida de las comunidades locales. Dichas actividades deben estar documentadas en detalle y la información abierta y disponible para inspección y fiscalización por todos los ciudadanos del país.

Catiando oro en el bajo Cauca. Imagen por: Agencia Prensa Rural.

Los cuatro centros de enfoque que hemos propuesto pueden mejorar significativamente la sostenibilidad ambiental y social de proyectos extractivistas en Colombia. Sin embargo, esto no soluciona la situación actual de las comunidades rurales que están en áreas de impacto de proyectos actuales o pasados. En estos casos, es urgente que los gobiernos regionales y nacionales brinden garantías para solucionar antes que nada las problemáticas de seguridad que enfrentan las comunidades rurales debido a grupos armados ilegales en la zona. Una reforma agraria y extractivista que permita a los campesinos ejercer sus actividades dentro de la legalidad es una de las mayores prioridades y retos en la actualidad.

Sigue leyendo Morir defendiendo la vida:


Introducción: La ignorada lucha de los líderes ambientales en Colombia


# 1: Agricultura y territorio: Agroindustria, reforma agraria y restitución de tierras


# 2: Cultivos ilícitos: Una historia de resistencia, represión y olvido


# 3: Megaproyectos y aguas: Minería, industrias extractivas y gran no des represas e hidroeléctricas


Referencias

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