Morir defendiendo la vida: La ignorada lucha de los líderes ambientales en Colombia

Junio 13 2021

Por: Carolina Ocampo-Ariza, Iván Beltrán y Angelica Castro

El pronunciado incremento de líderes sociales asesinados en Colombia desde 2016 es una situación aterradora que hoy, cinco años después, continúa empeorando con insuficiente atención del gobierno nacional. El activismo de gran parte de estos líderes se centraba en la protección del medio ambiente, la protesta en contra de actividades extractivistas y agroindustriales y la promoción de la sustitución de cultivos ilícitos. Esta es una lucha contra las actividades que ponen en riesgo la biodiversidad de su territorio, la calidad del agua y el aire y, por tanto, la viabilidad del territorio para la permanencia de comunidades rurales.

Vale la pena resaltar las alarmantes cifras reportadas por Global Witness, según las cuales en 2019 un total de 212 defensores del medio ambiente fueron asesinados en el mundo entero en su lucha por proteger recursos naturales y agrícolas de inescrupulosos megaproyectos y la delincuencia. Esto significa  un promedio de tres ambientalistas asesinados cada semana en dicho año(1). De la cifra anterior, 64 líderes ambientales fueron asesinados en Colombia, dejando el país en el triste y vergonzoso primer puesto, como el país más letal para defender el medio ambiente. Los líderes fueron asesinados ejerciendo una lucha vital en la búsqueda de un cambio que garantizara su vida en el territorio.

Pero ¿y qué sucedió en el 2020? Lamentablemente, los asesinatos y las persecuciones continuaron. Este fue uno de los años más crudos para los líderes en Colombia. El Instituto Indepaz reportó una cifra de 310 líderes sociales asesinados únicamente en el 2020(2). De este número desalentador, un total de 88 corresponden a líderes ambientales según nuestra investigación más reciente. Hasta la fecha, el gobierno nacional no ha reconocido esta cifra, no se han hecho investigaciones profundas que lleven a la verdad, ni se ha reparado a las familias. Más aún, no hay absolutamente ninguna consideración oficial sobre la posibilidad de construir una agenda de protección para el ejercicio de la defensa del medio ambiente o cualquier actividad de liderazgo social.

¿Y qué perspectivas hay para el 2021? En lo corrido de este año la situación se encrudece. Indepaz lleva un minucioso conteo de los líderes sociales asesinados (incluyendo líderes ambientalistas, cívicos, indígenas, y otros), que hasta el 6 de Junio registraba 67 personas asesinadas en lo corrido del año. Esto significa que cada semana han sido asesinados aproximadamente 3 líderes sociales, una realidad que hasta el momento coincide con el año 2019. Es difícil de imaginar qué magnitud deben alcanzar estas cifras y la actual situación para que tanto la sociedad civil como el gobierno nacional impulsen un cambio real y drástico en nuestra legislación y comportamientos para asegurar el derecho a la vida de los líderes sociales y ambientales.

Líderes ambientales asesinados en Colombia entre 2016-2020. El panel de arriba a la izquierda destaca los departamentos más afectados en el país. El panel de abajo a la izquierda muestra el porcentaje de los casos dependiendo de categorías usadas en este artículo (# 1: Agricultura y territorio; # 2: Cultivos ilícitos y bosques; # 3: Megaproyectos y aguas).

Es clara la falta de voluntad del gobierno nacional que insiste en desconocer la relevancia de los líderes sociales, y de los recursos naturales y agrícolas del país. Enfocados en el desarrollo económico del país, las metas de sostenibilidad planteadas en los últimos años por el gobierno nacional  ignoran la realidad rural del país y no mencionan en absoluto la inversión económica necesaria para unir simultáneamente las necesidades ambientales y sociales. Por ejemplo, la promesa a 2022 de sembrar 369 millones de árboles en el país —reducida en 2020 a 180 millones—, ni ha sido alcanzada, ni hay claridad alguna de qué áreas están siendo reforestadas, qué especies de plantas son usadas y cómo —o si— se está involucrando a las comunidades locales en dicha labor. Las respuestas del Ministerio de Ambiente sobre lo hecho hasta ahora en este aspecto y los planes a futuro son vagas y tardías(3). Este tipo de inconsistencias obligan a los líderes ambientales a poner su vida en riesgo con tal de que sus problemáticas sean escuchadas con seriedad. Y a pesar de la obligación de las instituciones nacionales de proteger sus derechos sociales y sus luchas ambientales, continúan siendo asesinados. Este panorama se ve encrudecido con la constante aprobación de licencias de proyectos extractivistas en áreas protegidas como los páramos.

El gobierno debe dar forma a acciones y legislaciones contundentes que mitiguen los daños ambientales actuales, incluyendo entre otros la deforestación y el incremento de proyectos viales ilegales en zonas protegidas. Es urgente profundizar en temas de uso y protección del agua, el establecimiento claro y manejo sostenible de las fronteras agrícolas, el cumplimiento de los acuerdos pactados para la sustitución de cultivos ilícitos, así como poner fin a mecanismos de financiación para la compra y expropiación de tierras campesinas por parte de grandes terratenientes. Todo esto es solo posible con un control administrativo y legal, que ejerza presión sobre los mandatarios por el incumplimiento de metas ambientales y leyes que tienen impacto en asuntos de tierra y ambientales.

Es un hecho que la intervención militar genera un efecto disuasivo, sin embargo zonas fuertemente militarizadas como el Cauca y el Catatumbo presentan un gran número de líderes asesinados, sin ningún efecto positivo sobre la calidad de vida o percepción de seguridad de sus pobladores. Como ya lo han mencionado numerosas organizaciones sociales, la militarización está lejos de ser el medio que transforme estructuralmente y de fondo las problemáticas de seguridad del país.

Como ciudadanos estamos obligados a continuar ejerciendo presión sobre los organismos de control nacionales y veedurías nacionales e internacionales, para impedir que la debilidad institucional continúe costándonos vidas. Está en nuestras manos exigir al gobierno actual y al entrante, un plan contundente para dar fin a la persecusión y asesinato de líderes sociales y ambientales, y que no queden en la impunidad los asesinatos ya perpetuados. Esta responsabilidad gubernamental se debe ver respaldada con hechos, como por ejemplo ratificar la adhesión al acuerdo de Escazú, que busca garantizar la participación pública y segura de la población civil, así como posibilitar el acceso abierto y transparente de información sobre Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Urge además exigir al estado información explícita  y cuantitativa sobre la cantidad de recursos invertidos en proyectos de impacto ambiental. Es necesaria una rendición de cuentas explícita sobre cómo los planes de mitigación de daños de dichos proyectos abarcan temas científicos, prácticos y sociales. Más aún, es necesario reclamar del estado detalles sobre las decisiones institucionales respecto a la aprobación o rechazo de proyectos que inciden en asuntos ambientales. Dicha información debe ser pública y de fácil acceso, sin tutelas y esperas prolongadas.

Está en nuestras manos tomar decisiones conscientes y a favor del medio ambiente, velar porque nuestro actuar diario sea coherente a las tan urgentes causas ambientales. Pero sobre todo, nuestro voto consciente es el que posibilitará que estas exigencias sean escuchadas y atendidas por los gobiernos entrantes. Nuestro mayor reto, pero también nuestra más grande oportunidad como ciudadanos, será tomar decisiones electorales donde se reflexione la rectitud y transparencia de candidatos como garante del respeto a la vida de líderes ambientales y manejo sostenible de nuestros recursos.

La economía colombiana está y estará inevitablemente ligada a los recursos ambientales y ecológicos, pues ellos son nuestro mayor potencial y riqueza. Sin embargo, el desarrollo económico del país no debe implicar nunca la pérdida de vidas, o la destrucción y privatización de recursos naturales especialmente fundamentales para las comunidades rurales colombianas. La problemática que viven hoy los líderes ambientales no da más espera a la acción. Nuestra indiferencia acolita a los actores armados para continuar con su actuar.

Ante la seriedad de esta problemática, este artículo da apertura a una serie de tres reportajes con los que buscamos informar en profundidad sobre algunas de las complejas actividades en las que los líderes ambientales colombianos están inmersos.

Images by Cristian Arias, Sisma Mujer, AP and twitter @willj84753699.

Imágenes por Cristian Arias, Sisma Mujer, AP y  twitter @willj84753699.

# 1: Agricultura y territorio: Agroindustria, reforma agraria y restitución de tierras


# 2: Cultivos ilícitos: Una historia de resistencia, represión y olvido


# 3: Megaproyectos y aguas: Minería, industrias extractivas y gran no des represas e hidroeléctricas


Con estos reportajes levantamos nuestras voces en protesta por la crisis que enfrentan los líderes ambientales en Colombia y exigimos soluciones inmediatas para la protección de sus vidas. 

References


Global Witness. (2020) Defending Tomorrow: Climate Crisis and Threats to Land and Environmental Defenders. Version 3. ISBN: 978-1-911606-43-7

Indepaz. (2020) Registro permanente: Líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en 2020. Bogotá: Colombia. http://www.indepaz.org.co/lideres/ 


Barrientos, J. P. (2020) La engañosa promesa de reforestación del gobierno de Iván Duque y el perdón. Vorágine: periodismo contracorriente. Available at: https://voragine.co/la-promesa-enganosa-de-reforestacion-del-gobierno-de-ivan-duque/ 


CEPAL (2021). Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu